Se adelantó al nuevo protocolo, puenteó a la Justicia Federal y allanó en forma ilegal un local de cannabis habilitado en Santa Rosa.
La verdad que cada día que pasa, esta señora Bullrich, ya nos tiene acostumbrado a los conflictos ilegales, paso a enumérales algunos de ellos.
En campaña proselitista estuvo en nuestra localidad, teníamos la oportunidad de hacerle algunas preguntas sobre los casos pero los referentes de la agrupación política “Juntos por el Cambio” locales y provinciales hicieron lo imposible para que no hiciéramos preguntas publicas insidiosas.
Algunas de las preguntas eran, según dichos por el presidente Milei, que ahora la tiene de Ministra de Seguridad, ponía bombas en jardines de infantes, sobre el caso Maldonado que aun tiene una causa penal abierta en los tribunales de Neuquén, defender lo indefendible caso del policía chocobar, usar el protocoló “Ante Piquetes”, agrediendo, golpeando, lastimando y usando armas contra niños, mujeres y jubilados reprimiendo en forma ilegal que reclaman por sus derechos, como si estuviéramos en un gobierno de facto, desconociendo los derechos humanos, siendo que estamos en democracia, en fin eso es lo que hay.
Sin apartarme de este último caso en la pampa, les informamos que el negocio allanado estaba habilitado.
La Policía Federal (PFA) de Patricia Bullrich jugó al anticipo La pampa. Hizo por su cuenta un operativo sin precedentes salteando a la Justicia Federal antes de la vigencia de las nuevas facultades que le concedió el presidente Javier Milei y dejó en una posición incómoda hasta al polémico juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric.
Antes de que entrara en vigencia del nuevo protocolo que anunció el gobierno nacional, la PFA secuestró, sin la autorización del magistrado ni de la Fiscalía, semillas y plantas de marihuana en un antiguo y prestigioso local comercial especializado en cannabis. Además, la Federal metió la pata, según el dictamen de la fiscala Iara Silvestre, que determinó la inexistencia de delito y pidió la devolución de todo lo secuestrado a sus dueños.
El juez Baric, sin tener siquiera información sobre el expediente. Él mismo reveló que nunca desde que es juez se había producido un operativo de este tipo sin intervención judicial, tomó distancia del asunto y confirmó que la responsabilidad del trámite es del Ministerio de Seguridad Nacional.
El Gobierno oficializó esta semana la resolución que autoriza a la PFA a hacer patrullajes digitales, requisas y detenciones sin intervención judicial, medidas cuestionadas por la oposición, especialistas y organismos de Derechos Humanos.
El secuestró material de la mercadería es por un valor estimado en dos millones de pesos, los propietarios del local Pampa Fértil hicieron su propia presentación judicial e interpretaron que “si no hubo un allanamiento, lo que hubo fue un robo”.
Según la PFA manifestó como argumento que ingresó al grow shop casi de casualidad y observó los registros habilitantes del material de cultivo y para la venta. Consideró que había plazos vencidos, pero la fuerza a cargo de Bullrich actuó con desconocimiento de que el propio gobierno había prorrogado la vigencia de ese tipo de licencias.
El operativo Policial fue extraordinario, Pampa Fértil funciona hace 13 años en el mismo lugar y jamás tuvo algún tipo de observación. La persecución es leída en los propios estrados judiciales como una consecuencia directa del clima de envalentonamiento que la ministra Bullrich le facilita a la policía federal.
Los propietarios del local son docentes universitarios, reconocidos profesionales y divulgadores de información sobre cannabis. Daniel Oliveto, escribió un libro sobre el tema, “Abordaje Interdisciplinario del Cannabis”, y es convocado de manera recurrente para exposiciones pedagógicas sobre la temática.
Ayelen Vítale, recibió el premio como Joven Empresaria Pampeana, justamente en reconocimiento al emprendimiento cannabis.
Los propietarios tienen todo en regla donde manifiestan, desde hace años impulsan la regulación de la venta, pero además aportan en la investigación y proponen incentivar la producción para generar trabajo.
La Policía Federal les sustrajo 40 paquetes de semillas y 26 plantines que casualmente les habían llegado el día anterior al operativo.
Les labraron una infracción a la Ley de Drogas, pese a que el responsable del lugar tiene el Reprocann en las condiciones establecidas por las normativas, para la tenencia de plantas. El comercio a su vez tiene la categoría F del (Instituto Nacional de Semillas (Inase).
Esos registros se renovaron en marzo, luego se prorrogaron hasta el 31 de mayo y el 2 de junio el gobierno resolvió otra prórroga hasta el 31 de julio. La Policía actuó como si desconociera ese último trámite.
Además, según explicó la Fiscalía, si hubiera existido una demora por parte del Estado en aprobar una habilitación que se registra año tras año, eso no significa incurrir en un delito.
La Ley de Drogas tiene que demostrar el dolo de tráfico, y eso no se vincula a un negocio habilitado, sino a otra serie de circunstancias ilícitas.
Como parte de su actividad profesional, Oliveto y Vítale llegaron a presentar ante el INASE la primera variedad de semilla local, la “Lemmon Pampa”, adaptada a la región semiárida de la provincia.
“Tenemos todos los papeles en regla, legalidad absoluta”, dice Oliveto completa Vítale: «Lo que queremos es seguir trabajando. Los registros no son gratuitos y el laburo genético también implica un gasto, de tiempo e intelectual. Pedimos reglas claras, el cannabis es una industria como cualquier otra y genera empleo”.
Advierten además sobre la consecuencia directa del accionar persecutorio. El grow shop es uno de los únicos puntos de acceso al cannabis legal que hay en Santa Rosa y en gran parte de La Pampa. Los usuarios medicinales quedan ahora a merced del mercado ilegal, de semillas ilegales y de plantas sin control.
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