Los defensores de dos de los tres imputados por el asalto a mano armada que sufrió la familia del ex intendente de nuestra localidad Eduardo Pepa, solicitaron ayer el otorgamiento del beneficio de la suspensión de juicio a prueba para sus clientes.
La causa que ya hace dos años tiene la acusación formal presentada para ser elevada a juicio, donde ahora se pretende la suspensión de juicio a prueba, el Ministerio Público Fiscal y el juez de Audiencia interviniente rechazó las solicitudes, con lo cual terminará en debate oral y público.
Todo se desarrolló en el mediodía de ayer, donde los abogados particulares Abel Tanus Mafud y Pablo Rodríguez Salto pidieron el otorgamiento de la probation para sus clientes, Claudio Maldonado y Claudio García, respectivamente.
Junto a Juan Manuel Torancio, ambos se encuentran acusados por el delito de “robo agravado por el uso de arma cuya aptitud no se pudo demostrar, en poblado y en banda”, luego de que el 15 de octubre de 2014 asaltaran a la esposa y a las tres hijas del ex intendente de nuestra localidad Eduardo Pepa.
El doctor Abel Tanus Mafud consideró que a su pupilo le correspondía el otorgamiento del mencionado beneficio, dado que no posee antecedentes condenatorios y que la pena en expectativa tiene un mínimo que es en suspenso.
A modo de reparación, ofreció que Maldonado, debido a su bajo nivel económico, abonara la irrisoria suma de 1000 pesos, discriminada en diez cuotas de 100 pesos cada una.
Por su parte, el doctor Pablo Rodríguez Salto admitió que su cliente tiene ya una probation otorgada en 2009.
Como el Código Penal establece que para que se le otorgue por segunda vez, deben pasar ocho años, sostuvo que se debe tomar como referencia la fecha de imposición de dicho principio y la fecha actual de solicitud.
También, ofreció como reparación la realización de trabajos comunitarios o, en su defecto, la irrisoria suma de un pago único de 5000 pesos.
Oposición
Tras remarcar que las víctimas estaban en desacuerdo con lo solicitado, razón por la cual ni siquiera se presentaron a la audiencia, la fiscal Ana Laura Ruffini sentó la posición negativa del Ministerio Público Fiscal a los requerimientos de los defensores.
La fiscal, señaló que se trata de un hecho que causó conmoción social, por tratarse de un robo grave a la familia de un funcionario público, por lo que corresponde que las alternativas se ventilen en un debate oral y público.
Remarcó que el robo a la familia Pepa es un hecho de gravedad, cometido por una banda, que hizo labores de inteligencia, utilizó armas y privó de su libertad a las víctimas.
Por otro lado, la investigadora consideró irrisorias las reparaciones, teniendo en cuenta que a las víctimas les sustrajeron 2.500 pesos, 31.000 dólares y varias alhajas de oro.
En particular, consideró que si bien estaban dados los requisitos legales en el caso de Maldonado, no debía ser beneficiado con la salida alternativa por lo antes expuesto.
En cambio, sobre García sostuvo que no se cumplen dichos requerimientos, ya que el Código Procesal Penal es claro, en cuanto a que para computar los ocho años entre una probation y otra.
Se debe tomar como referencia la fecha de finalización de la primera y la fecha de la comisión del delito por el cual se pide la segunda, lo que le da al imputado un lapso de apenas tres años.
Tras ordenar un cuarto intermedio para analizar las posiciones, el juez de Audiencia Florentino Rubio compartió los argumentos de la Fiscalía y rechazó los pedidos de las defensa.
La causa por el robo a la familia Pepa, ocurrido hace casi tres años atrás, la justicia es lenta pero al fin llega, ahora se encamina hacia el debate oral y público.
Con la acusación formal presentada hace ya dos años, y todas las instancias recursivas agotadas por los defensores.
Ahora la justicia de la segunda circunscripción deberá programar la audiencia de ofrecimiento de pruebas, sortear al magistrado que intervendrá en el juicio y programar las fechas de las audiencias.
A todo esto se debe agregar que una familia hace ya casi 3 años viene esperando justicia, donde viven atemorizada por los momentos que tuvieron que soportar, debido a la violación en su propiedad.
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