Por: Victorino García | Redacción Noticiero Digital
El reciente caso de abigeato agravado en Algarrobo del Águila no solo sacudió al oeste pampeano por lo cinematográfico del hecho, un productor reconociendo sus propias vacas en un remate transmitido en vivo por internet, sino por la contundencia y celeridad con la que actuó la Justicia.
Como cronistas de la realidad provincial, estamos acostumbrados a tiempos procesales que a veces desesperan, por eso, lo actuado por la Fiscalía de General Acha en las últimas horas merece un análisis aparte.
Las fiscales Virginia Antón y Paula Duscher han dado una muestra de lo que significa «justicia en el territorio».
En una causa donde la prueba es volátil, porque el ganado se mueve, se vende o desaparece, la rapidez para formalizar la investigación y lograr la prisión preventiva de los tres imputados, padre, hijo y la hija del dueño del campo de origen, marca un precedente de autoridad necesario para el sector rural.
Una fiscalía que pisa el barro
Lo que destacamos desde Noticiero Digital es que la labor de Antón y Duscher no se quedó en el escritorio. Para desentramar una maniobra que involucró a 43 animales, fue necesaria una ingeniería investigativa que combinó la trazabilidad digital de los DT-e, los documentos de tránsito electrónico, con la pericia técnica sobre las marcas y señales de la hacienda.
La decisión de las fiscales de imputar bajo el artículo 167 quater no es un detalle menor. Al señalar la participación de personas encargadas del cuidado del ganado y la falsificación de documentos públicos, la fiscalía le pone nombre y apellido a una problemática que suele quedar impune bajo la etiqueta de «error administrativo».
Aquí hubo una maniobra organizada, y la respuesta fiscal estuvo a la altura de esa complejidad.
El interrogante que el martillo no pudo silenciar
Sin embargo, más allá del éxito procesal de las fiscales, este caso deja flotando una pregunta que incomoda al sector: ¿cuál es la responsabilidad real de las firmas ferieras en la cadena de comercialización? Resulta difícil de digerir, para cualquiera que conozca el movimiento diario de los corrales, que 43 animales con marcas dudosas y documentación cuestionable pasen por las manos de profesionales que están «cancheros» en el oficio sin despertar una sola alerta.
En un negocio donde la vista está entrenada para detectar el mínimo detalle, el argumento del descuido administrativo se vuelve, cuanto menos, frágil.
¿Hubo negligencia o una complicidad silenciosa que permitió que la hacienda ajena llegara al martillo? La duda queda instalada, y es el punto más sensible que la instrucción deberá perforar para que la justicia sea completa.
Un precedente necesario
La determinación de la Fiscalía de General Acha de no conformarse con la denuncia y avanzar con prisiones preventivas es el camino a seguir.
El abigeato agravado no es un «error de campo», es un ataque directo al corazón de la economía pampeana y a la confianza entre los productores de nuestra provincia.
Hoy, gracias a la firmeza de las fiscales y a la viralización de un remate que desnudó la maniobra, el mensaje para los «vivos» de siempre es claro: ya no hay campos sin vigilancia ni ferias sin control.
La investigación continúa, y desde Noticiero Digital seguiremos exigiendo que se llegue hasta el hueso, caiga quien caiga, para que el oeste deje de ser el escenario de la impunidad.





























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