Mientras la Provincia exige la eliminación de los basurales informales, en Intendente Alvear algunos de los convecinos sufren la contaminación diaria, la dispersión de plásticos en los campos y recurrentes incendios.
Un durísimo petitorio formal respaldado con nombres y números de DNI ingresó ante el Honorable Concejo Deliberante exponiendo la inacción del Ejecutivo Municipal.
Por Victorino García (Redacción lanoticia.ar y Noticierodigital.com.ar)
La paciencia de la comunidad del sector norte de Intendente Alvear llegó a su fin. Un nutrido grupo de frentistas formalizó un reclamo directo y contundente ante el Honorable Concejo Deliberante para denunciar la alarmante situación del predio conocido como el «basurero viejo» que el mismo municipio usa para tirar la basura (ubicado sobre la Calle Ancha, camino vecinal a B. Larroudé, en la continuación de la Avenida Sarmiento).
La presentación formal, cuya copia e imágenes obran en poder de esta redacción y está acompañada por numerosas firmas con nombre y DNI, expone una realidad incalculable: un basurero sin cerramiento ni control, desbordado de residuos que el viento desparrama hacia las hectáreas productivas lindantes y que se ha convertido en una bomba de tiempo ambiental.
¿Ilegalidad tolerada? Qué dice la ley
Lo que sucede en la Calle Ancha no es solo una molestia vecinal: constituiría una infracción abierta a la legislación vigente.
En la Argentina, la Ley Nacional N.º 25.916 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental prohíbe taxativamente la quema de residuos y la existencia de basurales sin controles sanitarios ni sistemas de contención adecuados.
En el ámbito provincial, el Gobierno de La Pampa, a través de la Subsecretaría de Ambiente, impulsa la erradicación progresiva de los basurales a cielo abierto mediante el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).
Resulta contradictorio que, mientras las políticas provinciales exigen separación, contención y saneamiento, las autoridades locales permitan el funcionamiento de un basurero descontrolado, carente de paredones, tejidos o alambrados de contención.
Incendios, pérdidas materiales y riesgo sanitario: la constatación de la comunidad
El escrito presentado formalmente por los vecinos y la constatación fotográfica del predio describen un panorama crítico:
Dispersión masiva de plásticos: Ante la ausencia de barreras de contención, toneladas de nailon y bolsas de polietileno son arrastradas por el viento, afectando campos agrícolas y alambrados aledaños.
Fuegos fuera de control:
Las quemas periódicas de basura provocan focos ígneos que se propagan hacia los rastrojos y cosechas vecinas, destruyendo infraestructura productiva y requiriendo la constante intervención de los Bomberos Voluntarios.
Uso irregular de predios: Los denunciantes remarcaron en su escrito la falta de fiscalización sobre convenios de uso de tierras fiscales formulados en gestiones anteriores que habrían caducado y sobre los cuales señalan que jamás existieron controles sanitarios ni ambientales adecuados.
Riesgo sanitario e invasión de vectores: La proliferación descontrolada de roedores, moscas y alimañas en el predio genera una amenaza para la salud pública, afectando directamente la calidad de vida de las familias residentes en las inmediaciones.
Silencio oficial:
¿desidia o falta de respuestas ante la problemática?
Según consta en el expediente ingresado, los vecinos afectados mantuvieron conversaciones directas con el encargado por ese entonces del área de Obras Públicas, Juan P. Uguetti, y el agente de la oficina de Producción y Empleo, Jorge Ruiz, hace un tiempito se volvió a presentar a las autoridades actuales, sin haber obtenido hasta el momento respuestas concretas ni un plan de contingencia formal.
Esta falta de contestación coincide con antecedentes periodísticos de este medio, que en varias oportunidades, presentamos solicitudes de información en el marco de otras investigaciones que tampoco obtuvieron respuesta oficial.
Cuando una administración municipal incurre en la omisión recurrente de un problema ambiental frente a reclamos formales, la situación trasciende la falta de gestión y podría configurar un eventual incumplimiento de los deberes de funcionario público.
¿A qué le temen las autoridades?
¿Por qué se opta por el silencio mientras un sector del pueblo respira humo y basura?
¿Intervención provincial inminente?
El deber de actuar de las autoridades de La Pampa
Ante la parálisis en el ámbito municipal, la mirada de la comunidad se traslada hacia los organismos provinciales.
De acuerdo con el marco normativo de La Pampa y los lineamientos del programa GIRSU, la Subsecretaría de Ambiente y el Ministerio de Salud provincial cuentan con las facultades de inspección, la competencia legal y el deber institucional de intervenir de oficio.
Los vecinos y productores afectados aguardan que las autoridades provinciales se apersonen en la Calle Ancha para labrar las actas de constatación correspondientes, verificar el incumplimiento de las leyes de presupuestos mínimos y exigir un plan de saneamiento e infraestructura inmediato antes de que el impacto sanitario y ambiental sea irreversible.
La ciudadanía de Intendente Alvear exige respuestas inmediatas a interrogantes fundamentales:
¿Existe al menos un funcionario del gabinete municipal o integrante del Concejo Deliberante que resida o transite a diario por la zona afectada por el «basurero viejo», o la distancia física respecto al humo tóxico y las quemas es la razón por la cual la problemática carece de urgencia para el gobierno local?
Ante el evidente contraste entre las condiciones ambientales de los sectores urbanos consolidados y la emergencia sanitaria que sufren las familias vecinas al basurero con presencia de niños expuestos diariamente al humo y a plagas.
¿Cuál es el criterio de equidad y salud pública con el que la gestión de la intendenta Agustina García prioriza las intervenciones municipales?
A partir del expediente formalmente ingresado por los vecinos perjudicados, ¿cuál ha sido la acción parlamentaria concreta del Concejo Deliberante: se limitaron a registros para redes sociales o existen pedidos de informes, citaciones formales a los funcionarios de Obras Públicas y proyectos de resolución para paralizar el vuelco en la vía pública?
¿Se investigarán las eventuales responsabilidades administrativas o legales derivadas de la omisión sistemática y la falta de controles frente a un reclamo formal respaldado por la comunidad y las normativas ambientales vigentes?
El reclamo está sobre la mesa, respaldado por la firma y el DNI de pobladores que exigen soluciones.
Frente a un esquema que perpetúa la falta de respuestas, es momento de que las autoridades asuman su responsabilidad sanitaria e institucional antes de que la contaminación cause daños irreversibles.
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