El fiscal Guillermo González ordenó la detención de Maximiliano Ochoa Roldán, jefe de la Policía Caminera de Córdoba, junto a otros seis agentes, en el marco de una causa que investiga una presunta asociación ilícita dentro de la fuerza.
Entre los delitos que se les imputan figuran coacción, extorsión, peculado de servicios, enriquecimiento ilícito y encubrimiento. También fue arrestado un civil, señalado como uno de los organizadores de la banda.
Según la investigación, los implicados habrían utilizado información confidencial de bases de datos policiales para cobrar deudas, fijar honorarios, asumir defensas penales y concretar negocios extrajudiciales en beneficio propio.
La causa, que se encuentra en una etapa inicial, contempla la realización de 11 allanamientos en Córdoba capital, Unquillo, La Calera y Cosquín. No se descartan nuevas imputaciones en los próximos días.
Este caso vuelve a encender alarmas sobre la corrupción interna en fuerzas de seguridad y sus vínculos con actividades ilegales.
El jueves por la noche habían realizado una serie de allanamientos en los que, de acuerdo a lo informado por le fiscal, encontraron pruebas «importantes» para avanzar con la investigación y que «comprueban» las sospechas del expediente.
Fue así que ordenaron la detención del comisario general Maximiliano Ochoa Roldán, señalado como el jefe de la asociación ilícita; de Leonardo Torres, jefe de la asesoría letrada de la Policía; Martín Heredia, comisario inspector de la Policía Caminera; Jorge Gutiérrez, titular de la Dirección de Protección de Testigos; Dante Villalba, suboficial de la Policía y chofer en Jefatura y Gastón Ochoa Roldán, abogado y hermano del jefe de la Policía Caminera. Además de Gabriel Burkhart, otro civil.
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