Por la Redacción de Noticiero Digital
Las leyes se hicieron para ser cumplidas por todos los ciudadanos, pero fundamentalmente por aquellos que ejercen la función pública.
Lo ocurrido en los últimos días en Intendente Alvear no solo constituye un atropello insólito contra la propiedad privada, sino un preocupante síntoma de arbitrariedad e impunidad que la Justicia pampeana no puede dejar pasar por alto.
Como periodista de este medio —y en este caso también como damnificado directo— hago pública una situación de extrema gravedad institucional.
Tras meses de trabajo, ahorro y sacrificio personal para reconstruir a nuevo un vehículo usado que serviría como herramienta de trabajo, la gestión municipal encabezada por la intendenta Agustina García decidió actuar al margen de la ley.
Sin notificación previa, sin acta de intimación y vulnerando el debido proceso legal, personal municipal asistido por camiones y palas cargadoras secuestró la unidad estacionada frente a un taller mecánico.
Se lo cargó violentamente como si fuera basura con destino a la planta de reciclaje para su compactación, destrozando el vehículo y los repuestos que se encontraban dentro del baúl.
¿Ignorancia del derecho o represalia?
El accionar del Juzgado de Faltas local, a cargo del abogado Germán Chichizola, deja severos interrogantes sobre la observancia de las garantías constitutivas del derecho procesal y administrativo.
¿En qué marco legal se ampara el decomiso y destrucción de un bien privado sin otorgar el derecho a la legítima defensa ni emitir preaviso alguno?
No podemos obviar el contexto: desde este espacio periodístico venimos documentando y señalando de manera crítica las falencias de la administración municipal saliente y actual.
Que este procedimiento exprés e ilegal recaiga sobre este cronista enciende alarmas sobre eventuales prácticas de represalia mediante el uso del aparato estatal.
Un llamado directo al Poder Judicial
Como profesional de la comunicación, mi compromiso es doble: no voy a permitir que este caso quede sepultado en el olvido ni archivado en un cajón como tantos otros atropellos cotidianos en el interior de la provincia.
Las denuncias correspondientes ya han sido radicadas en los Tribunales de General Pico y ante el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados. Desde Noticiero Digital exigimos que la Justicia actúe con la celeridad, independencia y rigor que la situación demanda:
- Exigimos la restitución y peritaje inmediato de la unidad y sus autopartes.
- Demandamos la determinación de responsabilidades penales y administrativas para los funcionarios ejecutores y del Juzgado de Faltas.
- Reclamamos el resarcimiento económico integral por los daños materiales ocasionados al patrimonio personal.
El Poder Judicial de La Pampa tiene hoy la oportunidad y el deber moral de demostrar que en nuestra provincia no hay ciudadanos de segunda ni funcionarios con fuero para actuar como «patrones de estancia». La ley se cumple, o no hay Estado de Derecho.
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