La elevación a juicio de la causa contra el intendente de Ingeniero Luiggi, Gustavo Salvadori, pone sobre la mesa un debate que excede lo estrictamente jurídico y se mete de lleno en el barro de la política territorial.
La Fiscalía General de General Pico ratificó la acusación por omisión maliciosa al no declarar una sociedad comercial, un delito que, de comprobarse en el debate oral, acarrea el fantasma de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Sin embargo, detrás de la frialdad de los códigos y los artículos penales, existen atenuantes y realidades que merecen ser analizadas con un lente más realista.
La estrategia del defensor, Hernán Salamone, no parece descabellada en el contexto de la actividad privada del interior: la empresa en cuestión estaba completamente inactiva, sin generar ingresos, sin activos ni pasivos corrientes.
Para cualquier ciudadano y, posiblemente, para el propio Salvadori, una sociedad muerta, que solo existe en los papeles, no constituye un patrimonio real.
Es muy factible que el mandatario haya incurrido en un error de interpretación involuntario, entendiendo que no había necesidad de ponerla en el formulario porque, simplemente, la firma no valía nada ni movía un peso.
El verdadero problema es que, en el escenario político actual, la desprolijidad se paga cara. A pesar de estar actualmente suspendido en su cargo, debido al avance del proceso judicial, como dicta la normativa vigente, el acoso político no da tregua.
Cuando ocurren estos hechos, se activa de inmediato un mecanismo de manual donde la hipocresía sale a la luz: no son solamente los concejales opositores los que huelen sangre, sino también los ediles de su propio signo político.
El «fuego amigo» se vuelve el más letal; aquellos que hasta ayer compartían boleta y proyectos, hoy aprovechan la vulnerabilidad del intendente suspendido para golpear abajo del cinturón, buscando perjudicarlo y escalar posiciones en la interna para quedarse con el control local.
El peligro para Salvadori, ahora, es doble. Estar apartado transitoriamente del sillón municipal es solo el primer paso del calvario; el riesgo inmediato es que este escenario le deja la mesa servida a un Concejo Deliberante, donde opositores y oficialistas «disidentes» se frotan las manos, para avanzar casilleros y empujar un proceso de destitución definitiva.
Para sus detractores, de afuera y de adentro, la culpabilidad real o la falta de ingresos de la empresa importan poco; lo que verdaderamente cuenta es la oportunidad política de eyectarlo definitivamente del cargo y capitalizar el caos institucional.
Es que, cuando ocurren estas cosas, pareciera que todos se convierten en jueces de la noche a la mañana.
La opinión pública y el arco político se pliegan a un coro de sentencias apresuradas, donde muchos opinan con una maldad manifiesta, no con el afán de buscar la verdad, sino con la única miseria de obtener réditos propios del árbol caído.
El tribunal, lejos de ese linchamiento mediático y vecinal, tendrá la tarea de dirimir si hubo dolo y real «malicia» de esconder un bien, o si se trató de un simple descuido técnico en una declaración jurada.
Mientras tanto, en Ingeniero Luiggi, la temporada de caza política está en su punto más alto, la traición está a la orden del día y el sillón de la intendencia se disputa en una guerra de todos contra todos.
Por ahora, tendremos que esperar que la Justicia se expida. Según se pudo saber, la acusación formal fue firmada este lunes por el fiscal general, Armando Agüero, y el fiscal adjunto, Matías Juan, luego de clausurar la etapa de investigación que se había iniciado formalmente ante la jueza de Control, María Jimena Cardoso.
El Ministerio Público Fiscal ratificó que existen elementos de prueba contundentes para sostener que el jefe comunal violó el artículo 268 (inciso 3) del Código Penal al momento de asumir su cargo en el Ejecutivo.
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