La decisión de la jefa comunal de General Pico de no ir por la reelección reaviva un reclamo institucional histórico.
Desde La Noticia.ar y Noticiero Digital.com.ar venimos pregonando la necesidad de que los legisladores reformen la Ley Orgánica de Municipalidades para frenar el aburguesamiento y los caudillismos locales.
El escenario político provincial se sacudió con las recientes declaraciones de Fernanda Alonso a Radio Kermés. La intendenta de General Pico ratificó que el próximo 10 de diciembre marcará el final de su ciclo al frente del municipio de la ciudad norteña.
Su argumento fue tajante y cargado de sentido común republicano: «Ocho años está bien para una gestión».
Mientras el peronismo debate si Alonso será una carta fuerte para la gobernación bajo la bandera de la «unidad», su renuncia a la reelección local abre una ventana de oportunidad para discutir un problema estructural que afecta a decenas de localidades pampeanas.
Una discusión que desde las páginas de La Noticia (lanoticia.ar) y Noticiero Digital (noticierodigital.com.ar) venimos pregonando y exigiendo a los legisladores desde hace años: la falta de un límite por ley para los mandatos de los intendentes.
Del proyecto político al «aburguesamiento» del poder
La postura de Alonso de auto limitarse a dos períodos es una excepción saludable, pero la salud democrática y la transparencia de nuestros pueblos no pueden quedar sujetas a la buena voluntad o a la ética personal de cada dirigente de turno.
El diagnóstico de lo que ocurre en el interior cuando no hay reglas claras es crónico y conocido por el vecino a pie.
Cuando un candidato gana una intendencia, habitualmente arrastra una mayoría automática en el Concejo Deliberante. Si ese mandatario se perpetúa mandato tras mandato, el sistema tiende a viciarse de manera inevitable:
- Pérdida absoluta de control: El Concejo Deliberante deja de ser un órgano de control legislativo y pasa a ser manejado al gusto y placer del Ejecutivo, convirtiéndose en una simple escribanía.
- Nepotismo y comodidad: Se genera un aburguesamiento de la gestión, donde la prioridad del mandatario pasa a ser el acomodo de familiares, amigos y compromisos políticos, perdiendo la sintonía fina con las necesidades reales de la comunidad.
El nacimiento del «caudillo»: La línea entre un administrador temporal y el «dueño» del pueblo se borra por completo.
Un solo período de cuatro años puede resultar escaso para que una intendencia con buena gestión consolide un plan de obras o reformas estructurales.
Por eso, el equilibrio de la alternancia marca que dos períodos (8 años) es el plazo ideal. Permite dar continuidad a las políticas públicas, pero garantiza una oxigenación obligatoria.
Si se pasa ese límite, el riesgo de caer en el caudillismo monárquico de pueblo es casi un hecho.
La pelota está en la Legislatura: es hora de actuar
Mientras la Constitución Provincial ya le pone un freno saludable al Gobernador y al Vicegobernador, la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 1597) sigue dejando la puerta abierta para que existan intendentes en La Pampa que acumulan tres, cuatro o más mandatos consecutivos en sus localidades.
La responsabilidad de terminar con estas permanencias indefinidas es exclusiva de la Cámara de Diputados de la provincia.
Los legisladores pampeanos tienen en sus manos la herramienta técnica y el deber político de tratar una reforma que prohíba de una vez por todas las reelecciones indefinidas en los municipios, después de los dos mandatos.
El paso al costado de Fernanda Alonso en General Pico demuestra que se puede gobernar, cerrar un ciclo con dignidad y dejar espacio a la renovación de nuevos cuadros.
Ahora resta ver si los diputados recogen el guante y transforman lo que hoy es una decisión personal en una regla institucional definitiva para toda La Pampa.
Desde nuestros portales, seguiremos sosteniendo la misma bandera de siempre, y apoyamos la decisión de la intendenta Fernanda Alonso.
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