Se trata del suspendido Pablo Díaz Lacava, del Tribunal Oral Federal de La Pampa, acusado por secretarios y empleadas
En los pasillos del Tribunal Oral Federal de La Pampa, la administración de justicia convivió durante años con una dinámica cotidiana marcada, según los expedientes, por el miedo.
Lo que debía ser un ámbito de trabajo regulado por el derecho y las garantías institucionales se transformó en un entorno donde regía un «terror manifiesto»: insultos, humillaciones sistemáticas, aislamiento forzado de empleados y episodios de intimidación física que escalaron hasta lo insólito.
Entre las fojas del dictamen que acorrala al juez federal Pablo Díaz Lacava consta un episodio que retrata el nivel de tensión que se respiraba en el edificio: una tarde, una piedra arrojada desde la calle atravesó el vidrio de un despacho judicial e impactó en el interior del inmueble mientras los secretarios se encontraban trabajando en su interior. El agresor, según la investigación, era el propio magistrado.
A partir de esta semana, esas vivencias saldrán del papel para resonar en el estrado del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, el órgano encargado de definir si Díaz Lacava debe ser removido definitivamente de su cargo antes de que termine el mes.
Un expediente respaldado por decenas de testimonios
El camino hacia la suspensión preventiva del juez no fue ni improvisado ni veloz. Las actuaciones tuvieron su punto de partida en abril de 2023, cuando tres secretarios del tribunal rompieron el silencio y formalizaron una denuncia que puso al descubierto un patrón reiterado de maltrato laboral, coacción y abuso de autoridad.
En el caso de las trabajadoras del tribunal, las acusaciones adquirieron una gravedad institucional aún mayor al ser encuadradas bajo un contexto explícito de violencia de género.
La investigación conducida por el Consejo de la Magistratura de la Nación, con el consejero Álvaro González como informante del caso, acumuló elementos que la instrucción definió como «concluyentes». El dictamen sumó 16 testimonios tomados de manera directa, 11 declaraciones incorporadas por otros andariveles procesales e informes técnicos de organismos públicos que acreditaron el impacto psicológico y laboral del acoso ejercido. Para los instructores, la conducta de Díaz Lacava configuró un cuadro de «graves desórdenes de conducta personal, falta de probidad y decoro», causales incompatibles con la dignidad de la magistratura.
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