La reciente decisión del Gobierno Nacional de quitarle a La Pampa el 50% de las regalías hidroeléctricas del sistema Los Nihuiles para conceder el 100% a la provincia de Mendoza no solo representa un severo impacto a los recursos provinciales, sino que reabre una herida histórica sobre nuestros derechos hídricos y soberanos.
En este escenario de atropello institucional, las palabras del ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, sintetizan el sentir de toda una provincia: nos encontramos ante “el peor de los despojos” y un “grosero desprecio sobre los derechos y la lucha de las y los pampeanos”.
Dejar sin efecto un esquema de distribución equitativa que rigió durante más de cincuenta años mediante una medida inconsulta y unilateral es un atentado directo contra las leyes del Congreso y contra la integración de la cuenca del río Atuel.
No estamos discutiendo únicamente una suma de dinero; defendemos la dignidad de un pueblo al que históricamente se le ha negado el curso de sus aguas y que hoy vuelve a sufrir el cercenamiento de sus recursos.
La postura del ministro Pascual Fernández y la decisión del Gobierno de La Pampa de llevar este reclamo a la Justicia reflejan la determinación de una provincia que no se resigna a ser víctima del centralismo.
Acompañar las acciones de la gestión provincial en este reclamo es un deber cívico de todos los pampeanos. El Atuel es pampeano, nuestros recursos nos pertenecen por derecho y la defensa de nuestra soberanía provincial no se negocia.
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