En el marco de la Ley de Plaguicidas, se llevó a cabo un nuevo Plenario de Comisiones en la Legislatura provincial.
En esta oportunidad, concurrieron diferentes intendentes de la provincia cuyas zonas están atravesadas por la producción agrícola y la utilización de agroquímicos.
“Entendemos desde esta Cámara que los municipios tienen un rol
tremendamente importante, porque son quienes tienen que dar respuesta.
En el tema de las distancias se vuelve a poner énfasis en los
municipios”, expresó en el comienzo del Plenario Oscar Zanolli para
dar lugar a las preguntas.
Francisco Torroba consultó a los presentes sobre cómo se han ido
desarrollando las fumigaciones durante los últimos años. En respuesta,
el asesor fitosanitario de Ceballos y Bernardo Larroudé, Víctor
Martín, dijo: “Tuvimos muchos inconvenientes de tipos legales. Hubo
muchos años de falta de control. Hoy debido a las redes sociales y la
opinión pública nos tenemos que adaptar a esta demanda. Ahora la
mentalidad es otra. La experiencia que puedo aportar es que ha habido
aparición de producto prohibido y, por ejemplo, de maquinarias sin
inscribir. Estamos en un proceso y vamos hacia un buen camino”.
También, expresó que no cree en las “prohibiciones porque las
experiencias no han sido buenas. Por el camino del control es por
donde pasa el tema. Este es un camino que hay que transitarlo juntos
con leyes que no sean estancas y se vayan modificando con el paso del
tiempo”.
Asimismo, Martín Balsa aclaró que “el espíritu de la ley no es
prohibir, pero sí fiscalizar lo que se hace actualmente”, y Alicia
Mayoral señaló que “los controles deben pasar por los intendentes,
pero no todos pueden tener la logística, así que vamos a tratar de
regularlo y tener un equilibrio”.
Por otro lado, Ariel Rojas preguntó si están de acuerdo en que la ley
les dé facultades de control de las fumigaciones. La directora general
de Ambiente de General Pico, Melina Medus, respondió: “Sabemos que es
difícil incorporar a un equipo técnico. Logramos tener a un ingeniero
agrónomo y otros profesionales para tratar este tema. El nivel de
conflictividad es creciente. Convivimos con el conflicto en la zona
fronteriza, donde la gente cada vez vive más, y de repente se da
cuenta que convive con el campo. Por lo cual nos convertimos en un
intermediario entre el vecino y el productor, en situaciones
conflictivas. En este sentido, la normativa de Pico es un ejemplo.
Igual costó que se instalara entre los que producen. Algunos lo
entienden, a otros les cuesta más”.
“Los mayores desafíos –siguió Medus- están en la fiscalización aérea,
ahí es donde más denuncias tenemos. La gente les tiene mucho miedo. Y
es muy difícil registrar estos vuelos, porque tampoco tienen la
obligación de presentarnos algo a nosotros. Esta es nuestra mayor
preocupación más que lo terrestre”, advirtió.
Luego, Luis Bertero, Intendente de Maisonnave, expresó: “El tema de la
trazabilidad es lo que tenemos que discutir. Los productores estamos
bombardeados por los ambientalistas que dicen que todo es malo y por
los que venden agroquímicos que dicen que todo es bueno. Tenemos que
buscar un equilibrio”.
Sandra Fonseca solicitó escuchar la experiencia de Federico Ortíz,
Intendente de Riglos, y este contó: “Hemos vivido situaciones
complejas en algún momento, y también lo hemos tomado como una
oportunidad que terminó con la sanción de una ordenanza, y otra con la
creación de la Dirección de Ambiente. Surgió una normativa y no hemos
vuelto a tener problemas. Sobre la ley no me queda claro el tema de
las competencias. Se habló que los municipios van a tener que hacer
los controles. Ahí hay que afinar más quién será la autoridad de
aplicación. En la mayoría de las localidades del interior es impensado
armar un equipo interdisciplinario”, detalló.
También, planteó la situación de los peones rurales. “Yo no tengo la
capacidad de cuestionar el tema de los 500 metros. Lo que sí me
planteo es quien cuida a los peones rurales, o las familias que viven
de los campos, porque tendrían que tener ese cuidado”. Por último,
dijo que “hay que focalizar mucho más en el tema de los controles y
los equipos”.
Después, tomó la palabra Patricia Lavin, intendenta de Ingeniero
Luiggi. “Es clave que los municipios no estén ajenos a esto. Estamos
entre la demanda de la ciudadanía, y los sectores vinculados a la
producción. Celebramos esta normativa, porque a nosotros nos genera
tensión lidiar entre las dos partes”, dijo.
Ariel Bogino, de Embajador Martini, expresó: “En Embajador tenemos una
ordenanza, que es muy parecida a la de Riglos. Lo que me preocupa son
los metros. Hoy 3 mil metros en lo aéreo nos ocasionaría, entre
Embajador y Riglos que tenemos una distancia a 15 km, solo 7 km. para
fumigar, y perderíamos un 40% de producción”.
Balsa le respondió: “Hay que mirar la regulación como parte de la
solución más que como parte del problema, porque la idea es ir mutando
a una agricultura ecológica, porque incluso hay sectores que ya los
agroquímicos no sirven y los grandes ganadores son las
multinacionales”. El intendente de Alpachiri, Rubén Muller, pidió que
la ley contemple, para aquellos que hagan producción orgánica, algún
“beneficio”: “Sería interesante que aquel productor que quiera tener
su producción orgánica pueda tener un beneficio, porque si no vamos a
fumigar de nuevo ya que es mayor negocio”.
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