La escena se ha naturalizado tanto que ya casi nadie repara en su gravedad. Un niño entra a un kiosco a comprar un alfajor; detrás de él, un adulto pide un analgésico o un antiinflamatorio.
El comerciante estira la mano, corta un blíster y lo despacha sobre el mismo mostrador donde descansan las golosinas. Lo que se presenta ante el consumidor como una «comodidad de barrio» es, en realidad, el eslabón final de una trama mucho más profunda y peligrosa: el mercado negro de la salud pública protegido por la desidia fiscalizadora.
Mientras a nivel nacional se empuja una agresiva agenda de desregulación bajo la promesa de bajar precios o mejorar la accesibilidad, argumentos que desde los sectores profesionales califican como «mentiras palaciegas», en el territorio pampeano el fenómeno adquiere un tinte de abierta ilegalidad.
Al amparo de la falta de controles municipales y provinciales, el medicamento ha perdido su condición de bien social bajo custodia profesional para transformarse en una mercancía de almacén.
La ilusión de la libertad y el peligro real
La venta de fármacos fuera de las farmacias no es un hecho inocente. Cuando un comprimido sale del circuito legal, pierde de inmediato la garantía de su cadena de origen. Nadie sabe bajo qué condiciones térmicas fue almacenado, si está vencido, o si corresponde a lotes adulterados.
El presidente del Colegio Farmacéutico de La Pampa, Miguel Osio, lanzó una advertencia ensordecedora al señalar que este escenario de desregulación de facto abre la puerta grande a «medicamentos falsificados, robados, truchos y de contrabando». El riesgo ya no se limita a la automedicación irresponsable, sino a la introducción directa de sustancias dudosas en el organismo de los vecinos.
«Esto va todo concatenado: cuanto más medicamentos de venta libre, más posibilidades de venderlos fuera de la farmacia. Una cosa de locos», aseveró Osio, exponiendo la esquizofrenia de un sistema que pretende cuidar la salud liberando los controles sobre drogas químicas.
La perversión del sistema radica en la construcción de una falsa sensación de seguridad. Al colocar un blíster al lado de un paquete de pastillas de menta, el Estado y el comerciante le quitan al ciudadano la noción de riesgo. Un fármaco no es un caramelo; tiene contraindicaciones, efectos secundarios y exige la supervisión de un profesional matriculado que garantice su procedencia.
El escudo legal pampeano y la inacción de la calle
Hay un agravante que vuelve la situación local aún más intolerable. A diferencia de otras jurisdicciones, La Pampa cuenta con legislación propia que protege el monopolio sanitario de la farmacia.
Como explicó el titular del Colegio profesional, las medidas de desregulación del DNU nacional no tienen aplicación automática en la provincia si esta no adhiere explícitamente.
Por lo tanto, cada analgésico, cada antibiótico o protector gástrico que se exhibe y se vende en un comercio no habilitado de nuestros pueblos y ciudades representa una infracción flagrante a la normativa vigente.
Aquí es donde el análisis debe apuntar hacia arriba:
- ¿Dónde están los inspectores municipales? Se clausuran locales por falta de habilitación comercial, por ruidos molestos o por vender alcohol fuera de hora, pero se camina con anteojeras frente a la venta ilegal de fármacos.
- ¿Por qué se tolera el mercado paralelo? La ausencia de actas de infracción y de decomisos no es distracción; es una decisión política de mirar para otro lado.
Una complicidad que cotiza en bolsa
La cadena se nutre de la impunidad. Para que un kiosco tenga stock de medicamentos, existe un distribuidor, un mayorista o una plataforma digital que se los provee a sabiendas de que está abasteciendo un canal clandestino.
De hecho, las entidades farmacéuticas ya han tenido que recurrir a la Justicia y presentar denuncias nacionales por la comercialización ilegal de medicamentos —incluso bajo receta— a través de plataformas electrónicas.
El descontrol estatal es el gran dinamizador de este negocio. Justificar la permanencia de estos puntos de venta clandestinos bajo el pretexto de que «salvan una urgencia a la madrugada» es legitimar el quiebre de la ley en perjuicio de la población.
Mirar para otro lado mientras la salud se desregula en el mostrador de la esquina no es un descuido administrativo; es una desidia perversa.
El Estado debe reasumir su rol de policía sanitaria en las calles antes de que la libre demanda de la irresponsabilidad comercial termine transformando una postal cotidiana en una tragedia sanitaria evitable.
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