Por Victorino García — Director Propietario de El Noticiero Digital.
Cuando las solicitudes sobre el gasto del dinero público se responden con argumentos insólitos, la exigencia de transparencia se cruza con el debate provincial para controlar el supuesto consumo de sustancias y garantizar la idoneidad en la función pública.
INTENDENTE ALVEAR; La crisis de transparencia en la Municipalidad de Intendente Alvear sigue sumando capítulos que rozan lo insólito.
Ante los reiterados pedidos de informes presentados para conocer en qué se gasta el dinero de los contribuyentes y cuál es el costo real de la masa salarial política, la respuesta oficial no solo ha sido la evasiva, sino respuestas con abiertas incoherencias jurídicas y administrativas.
Llegar al extremo de argumentar una supuesta «autonomía municipal» para desconocer las leyes de transparencia o la Ley Provincial Nº 3571 expone una forma de gobernar donde la lógica y la rendición de cuentas parecen haber quedado de lado.
La necesidad de controles y la idoneidad en el cargo
Cuando un gobierno local responde a reclamos y solicitudes formales con explicaciones que no tienen sentido lógico, en la comunidad se abren legítimos interrogantes sobre el estado, la capacidad y las condiciones en las que se toman las decisiones públicas.
Esta situación conecta directamente con el proyecto de ley que se debate en la Cámara de Diputados de La Pampa, el cual busca implementar exámenes toxicológicos (narcotest) obligatorios y periódicos a los funcionarios públicos.
La iniciativa apunta a prevenir y detectar el supuesto consumo de drogas ilegales en quienes ejercen cargos de máxima responsabilidad.
Sin hacer acusaciones directas sin pruebas de laboratorio, la lógica de este proyecto es clara: quien administra recursos públicos debe demostrar con hechos, controles y la máxima ejemplaridad que está en pleno uso de sus facultades para gobernar.
Escalada a los organismos de control y al Ejecutivo Provincial
Ante las respuestas irrisorias a nivel local, las pruebas y denuncias ya han sido elevadas en un recorrido institucional que deja en evidencia las trabas del propio sistema:
- Superior Tribunal de Justicia (STJ): Exigencia de pagar patrocinios letrados particulares para revisar la falta de transparencia pública.
- Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA): En la lenta tramitación burocrática provincial.
- Gobierno Provincial: Denuncia entregada al Gobernador Sergio Ziliotto y al Secretario de Asuntos Municipales, Pascual Fernández, quienes ya no pueden alegar desconocimiento sobre el manejo de la comuna local.
El respaldo a una medida concreta de transparencia
Por tal motivo, desde El Noticiero Digital apoyamos de manera firme la iniciativa presentada por la diputada provincial Noelia Viara (PRO – MID).
A diez meses de la presentación de su proyecto de ley para implementar narcotest obligatorios a funcionarios públicos de La Pampa, la legisladora volvió a solicitar que el oficialismo habilite su tratamiento legislativo y cuestionó la falta de voluntad política del gobierno de Sergio Ziliotto para avanzar en una medida de transparencia y ejemplaridad en la función pública.
El reciente caso del intendente de Saavedra (Buenos Aires), Matías Nebot, quien hizo pública su recuperación tras haber atravesado un consumo problemático de drogas mientras ejercía funciones, reabrió un debate que distintas provincias ya saldaron con decisiones concretas. Sin embargo, en La Pampa, el proyecto continúa sin ser tratado. «Cuando hablamos de combatir el narcotráfico, el Estado tiene que empezar por dar el ejemplo. No puede exigirle responsabilidad a la sociedad si quienes ocupan cargos públicos no están dispuestos a someterse a los mismos estándares de transparencia que reclaman para los demás», sostuvo Viara.
La iniciativa, presentada originalmente en septiembre de 2025, establece la realización de exámenes toxicológicos, obligatorios y periódicos, para las máximas autoridades del Estado provincial.
Esto incluye desde el Gobernador y el Vicegobernador hasta el rango de subsecretarios, funcionarios de organismos de control, legisladores, jueces, magistrados, intendentes, autoridades de entes autárquicos, sociedades estatales y el personal de la Policía de La Pampa.
El derecho a exigir respuestas serias
Sostenemos que la función pública exige la máxima transparencia y conducta profesional.
No se puede pedir responsabilidad a los vecinos cuando desde el Municipio se responde con evasivas incomprensibles y se esquivan los controles institucionales básicos.
Seguiremos exigiendo, con documentación en mano, que los funcionarios de Intendente Alvear rindan cuentas con datos reales, coherencia y la idoneidad que el cargo requiere.
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